El esparadrado y la autocensura, el periodismo que quiere el poder de Venezuela

Tomado de deltonabonafide.com
Periodistas con esparadrapo. Con un aparataje legal encima suyo, como roca suspendida encima de sus redacciones. Periodistas que tengan un terrible fantasma revoloteándolos, ese espectro que se convierte en la peor de las censuras: la autocensura.
Sí, el proyecto chavista de Ley sobre Delitos Mediáticos apunta en el fondo ser eso: Esparadrapo, fantasma, grillete, recuerdo permanente en cada movimiento, cada coma, cada palabra editada, cada escena cortada de los periodistas venezolanos.
La amenaza es cárcel de seis meses a cuatro años para periodistas, dueños de medios y todo aquel que tenga una posibilidad de expresión de su pensamiento en un medio de comunicación impreso, televisivo o de cualquier otra naturaleza (léase blogger, twitteros y todo el mundo infinito del internet). Porque, tal como está estructurado el proyecto de ley, los artistas, cualquier actor, bailarín, puede ser motivo de un castigo por expresarse e infringir la ley, de acuerdo a la subjetividad que esta plantea.
¿Los delitos? Difundir informaciones que puedan atentar contra "la estabilidad de las instituciones del Estado", "la paz social, la seguridad e independencia de la nación", la "salud mental o moral pública" y el "orden público", o que "generen sensación de impunidad o de inseguridad" entre la población.
¿Cómo se definirá qué es atentar contra la salud mental? ¿cómo se puede definir qué es generar sensación de impunidad? "Sensación", una palabra per se subjetiva, se convierte en un mar de posibilidades interpretativas.
El proyecto apunta a castigos fuertes por la divulgación de lo que se califica como noticias falsas que "hubieren producido un perjuicio a los intereses del Estado", que provoquen "gran alteración a la tranquilidad pública" y a los que "manipulen" o "tergiversen" una noticia, "generando una falsa percepción de los hechos o creando una matriz de opinión en la sociedad".
El oficialismo y sus medios de difusión defienden su propuesta. La Agencia Bolivariana de Noticias destacó las palabras de la Fiscal general de la República, Luisa Ortega, que presentó el proyecto ante la Asamblea Nacional (acá la versión en el website de la Fiscalía). “Todo derecho debe tener un límite; pero no pretendemos cercenar la libertad de expresión, sino que se ejerza en el marco del respeto a los derechos de los demás”.
¿Quién determinará la veracidad, el grado de manipulación de una noticia? Aún no se define la entidad pública que lo hará. También el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela se hace preguntas en un comunicado sobre la ley, a la que califica como el primer paso para la Policía del Pensamiento.
"¿Qué entiende la Fiscalía por Delito Mediático? ¿El uso deliberado de un adjetivo? ¿Una apasionada polémica pública entre dos articulistas? ¿La parodia política de un humorista? ¿La publicación de una denuncia que afecte intereses sacrosantos? ¿Las cifras sobre las índices de criminalidad? ¿Las criticas ante los excesos de un poderoso?", inquiere el comunicado.
¿Se necesitan límites? Claro. Los necesarios en las sociedades democráticas y tolerantes con una prensa independiente. ¿Que hay errores en los medios? Por supuesto, como en toda profesión que tiene matices en la calidad de sus profesionales. Pero está claro que lo que ataca este proyecto es la libre fiscalización del poder, un principio universal que defienden los gobiernos demócratas. Un principio de contrapoder necesario. Que equilibra. Que cumple su labor de guardianía de lo que se prometió. Que audita todas esas maravillas ofrecidas que los ciudadanos necesitan saber si son o serán realidad.

Actualización necesaria
Vía Reuters: "Las transmisiones de al menos tres emisoras de radio de Venezuela cesaron el sábado (1 de agosto) luego de que el organismo que regula las telecomunicaciones en el país anunciara en la víspera medidas en contra de 34 concesiones de radio y televisión (...) La medida podría afectar a unas 240 emisoras de radio".